Fuerte gesto del Gobierno a la CGT en la previa electoral: empezó a distribuir $ 62.000 millones a las obras sociales de los gremios

Las negociaciones que aceleró el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, con la conducción de la CGT para avanzar en el pago de una deuda millonaria reclamada por las obras sociales sindicales se destrabó en las últimas horas, a menos de diez días de las elecciones nacionales. Las administradoras médicas sindicales comenzaron a recibir este viernes la aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de los expedientes adeudados por el organismo, un esquema que supone la distribución de $ 62.000 millones que las obras sociales cobrarán en tres cuotas entre este mes y diciembre próximo.

La activación del compromiso de pago de la deuda asumido por el ministro de Salud, Mario Lugones, a los jefes sindicales, una negociación reservada de la que dio cuenta el diario La Nación, fue confirmada este viernes por tres importantes referentes cegetistas y dos responsables de obras sociales consultados por Clarin. “Hoy empezaron a cargar la aprobación de expedientes atrasados previo a girar los fondos”, confió un gremialista, en tanto que otro dirigente apuntó que aguardan en las próximas horas la efectivización del pago de la deuda prometida. A su vez, desde OSECAC (Comercio), una de las principales obras sociales del sector privado explicaron a este diario que la deuda reclamada alcanza a $ 9.000 millones, pero que la promesa oficial contempla el pago de $ 6.000 millones en tres tramos, que comenzarían a cancelarse en las próximas horas.

“La decisión de pago está, pero no está claro cual es la fuente de financiamiento que definió el Gobierno“, remarcó otro gremialista. Ese es uno de los interrogantes que se hacen en la cúpula de la CGT: algunos dirigentes sostienen que los recursos provendrían de fondos remanentes y bonos del sistema que administra la Super de Salud, pero para otros sindicalistas el financiamiento surgiría del Tesoro, a partir de una partida de salud de $ 148.000 millones sin destino específico que se incluyó en el último Presupuesto aprobado por el Congreso (durante la gestión presidencial de Alberto Fernández y de Sergio Massa en Economía) y que nunca se ejecutó en su totalidad. Quedaron sin ejecutarse unos $ 70.000 millones de esa partida, según informaron las fuentes consultadas por este diario.

“¿Por qué pagar ahora cuando faltan pocos días para las elecciones?“, es la otra gran pregunta que se hacen los sindicalistas. Rechazan que la decisión del Gobierno de cancelar la deuda reclamada por las obras sociales sea consecuencia de una fuerte presión cegetista y hasta aseguran que fue Lugones quien convocó a un par de dirigentes para transmitirles la voluntad oficial de resolver la situación de los expedientes atrasados.

“Mas que nada se negoció como se pagaban, pero la decisión del pago ya estaba tomada por el Gobierno“, admitió, con cierta sorpresa, un dirigente, que enfatizó que tampoco hubo como contrapartida algún pedido de la administración libertaria para contener la conflictividad en el tramo final de año. “No hubo un planteo de nada, es raro”, aseguraron.

Por eso dentro de la central obrera algunas voces atribuyeron la decisión a un gesto de Lugones hacia los sindicalistas, con quienes el ministro mantiene un estrecho vínculo desde hace años por su trayectoria en el sector de la salud. Incluso algunos dirigentes consultados por Clarin deslizaron sus sospechas de la salida del funcionario como parte de un recambio amplio del Gabinete de Javier Milei tras las elecciones del 26 de octubre.

Otros -la mayoría en la mesa chica de la central- interpretan que el pago de la deuda a las obras sociales busca descomprimir el diálogo con el sindicalismo en la pretensión oficial de apuntalar un acercamiento de cara a la negociación de una reforma laboral tras los comicios legislativos. En esa línea, el titular de la UOCRA y referente de peso de la CGT, Gerardo Martínez, ratificó este viernes que en la principal central sindical hay voluntad para discutir un proyecto de “modernización laboral”, pero advirtió sobre la falta de “diálogo” de parte de la gestión de Milei. “No hay ninguna fuerza política que en la soledad pueda resolver el problema que tiene la Argentina. Por eso entendemos que el diálogo es una llave maestra, no para perder oportunidades, sino para generar virtudes”, reclamó.

Y aseguró respecto a la reforma laboral: “El sindicalismo no es un esquema de obstrucción, todo lo contrario. Tenemos una dinámica, capacitación, vemos lo que significa el proceso productivo, las distintas convicciones que se imponen en el mundo y que van a llegar”, enfatizó.